Resumen: Se estima el recurso de apelación formulado contra el auto del Juzgado de ejecución de sentencia, revocando el punto tercero de la parte dispositiva de la resolución apelada y ordenando al Magistrado a quo la fijación, previa presentación por ejecutante y Administración ejecutada de los tres presupuestos a que se hace mención en el fundamento de derecho décimo de la Sentencia de que trae causa el incidente de ejecución (referidos, en exclusiva, al traslado y montaje de maquinaria de las características de la en su momento existente). El auto ordenaba al Ayuntamiento que procediera al fiel y debido cumplimiento del fallo, reconociendo el derecho de la parte ejecutante a que se le abonen las cantidades y los conceptos indemnizatorios que se recogen en el fundamento de derecho tercero de la meritada resolución judicial, por los daños y perjuicios provocados por el traslado de la actividad y la maquinaria a otra nave. Se reconoce el gravamen que representa la pérdida de la licencia de vado y la subsiguiente necesidad de trasladar el material de trabajo en una carretilla, y también el valor de la nave, la pérdida de valor comercial que pudiera existir, pero no por el valor total del inmueble como se pretende, ya que nadie ha privado a los demandantes de su propiedad, que siguen ostentando por más el valor del bien haya podido disminuir. También debe resarcirse a la empresa del coste representado por el traslado de su actividad y maquinaria a otra nave.
Resumen: En la ponderación de las declaraciones personales (acusado, testigos y los dictámenes de peritos), se debe distinguir: un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación, y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos descarte o prime determinadas pruebas aplicando las reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos. En este segundo nivel, esto es, en la estructura racional del discurso valorativo, es lo que puede ser revisado por vía de recurso, censurando aquellas argumentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias. Respecto al primer episodio delictivo, la pena de dos años impuesta al recurrente es la mínima imponible, tanto con la regulación anterior, tanto con la nueva. Con relación al segundo episodio, como quiera que el acceso carnal se obtiene aprovechándose de una situación de superioridad (tío-sobrino), se encuentra incluido en el apartado 4 del art. 181 del Código Penal, que a su vez se remite al art. 178, apartados 2 y 3 (ver art. 181.2), que la ley penal le asigna una pena de doce a quince años de prisión (aspecto éste no modificado por la LO 4/2023), por lo que la pena de ocho años de prisión es inferior y no resulta, por tanto, la regulación actual más favorable para el recurrente. Habrá de efectuarse su cálculo en un juicio global basado en el sentimiento social de reparación del daño producido.
